Según el ministro de Seguridad bonaerense León Arslanián, en la Provincia de Buenos Aires hay inscriptas unas 750 empresas de seguridad, con unos 45.000 vigiladores registrados, estos datos son aproximados y redondeados. Aproximados porque muchas de esas empresas están registradas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Provincia de Buenos Aires simultáneamente, y por lo tanto hay vigiladores inscriptos en ambos registros a fin de otorgar flexibilidad operativa a la empresa. Esto origina una distorsión importante, por cuanto sucede que muchas veces un vigilador cubre guardias algunos días de un lado del límite jurisdiccional y otros días del otro. Tanto en la Provincia como en la Ciudad Autónoma se han creado organismos para ejercer un mayor y mejor control sobre estas empresas, tareas que antes efectuaban las fuerzas de seguridad respectivas: la Policía Federal y la Policía Bonaerense.

Varios hechos deben ser considerados: al exigirse una reinscripción anual, con importantes exigencias registrales y documentales se ha avanzado mucho, en el sentido que sólo sean autorizadas y reautorizadas empresas razonablemente serias y responsables; se encuentran vigentes una Ley Nacional, una Ley Provincial y una Ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que regulan la actividad de la seguridad privada; existen dos cámaras empresariales para las empresas de vigilancia, otras dos para la actividad de seguridad electrónica una para las alarmas domiciliarias y de robo de autos, y un gremio común a todas las provincias y la Ciudad Autónoma, pero otro especial para Córdoba; las empresas mayoritariamente adoptan la forma societaria de SRL o SA, aún cuando siguen operando Cooperativas de Trabajo abocadas a brindar servicios de seguridad; las sociedades de todo tipo son controladas por la Inspección General de Justicia dependiente del Ministerio de Justicia. En cambio las Cooperativas son controladas por el Instituto Nacional de Acción Cooperativa y Mutual.

En materia de auditoria, es donde está el mayor déficit de las empresas de seguridad. El diario Clarín aportó fuentes estadísticas: en los años 70 solo había unas 30 empresas privadas de seguridad que empleaban a unos 20.000 vigiladores, y que hoy esa cifra ronda por los 100.000 vigiladores; de ellos, 38.000 están registrados en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, a los que deben agregarse unos 7.000 ilegales… controlados por 15 inspectores. De ser esto cierto, estamos ante un gran problema. Si miramos el mapa de la Provincia y recordamos sus dimensiones, su forma geográfica, sus distancias, sus ciudades, su importante actividad agroindustrial. Pensar en San Nicolás, Pergamino, Mar del Plata, Miramar, Necochea, Bahía Blanca, y La Plata, es una aproximación sobre la complejidad de lo que hay que cuidar.

Surge la pregunta: ¿Puede haber infidelidades entre los empleados de esas empresas de seguridad? La realidad es que sí, no a partir de en alguna estadística al respecto, que no la hay, sino desde el mas elemental ejercicio del sentido común. Si esto ha sucedido, y en importantes proporciones, dentro de las instituciones policiales del Estado, no podemos descartar que esto haya ocurrido u ocurra en el futuro en las empresas de seguridad.

Cuanto más auditorias y supervisión exista, mejor calidad tendrán las Empresas, mayor esfuerzo volcaran en la instrucción y adiestramiento de su personal, y se sentirán respaldadas en su esfuerzo de ser competitivos dentro de la Ley. No cundirá así el desaliento que hoy campea en la actividad por la competencia desleal que los prestadores clandestinos plantean, ofreciendo servicios a valores inalcanzables por los que cumplen todas sus obligaciones legales.

Por otro lado, aparece el fantasma del trasgresor que aún sabiendo que, inevitablemente, a esos valores habrá muchas cosas que no pagará al día, es contratado porque lo que hace es problema de el, sin advertir que el régimen laboral consagra el principio de solidaridad entre los empleadores cuando se afecta a los asalariados.

En cuanto a la relación entre las seguridades pública y privada puedo decirles que considero a ambas formando parte de lo que es la seguridad ciudadana, que no significa desnaturalizar ninguno de los principios vigentes, donde el monopolio de la fuerza continúa indelegablemente en poder del Estado. El delicado equilibrio entre ambas seguridades debe hacerse mediante pasos sucesivos. Este equilibrio podría empezar a partir de un intercambio fluido de información que contribuya sustancialmente a precisar los mapas del delito.

Si hablamos de 45.000 vigiladores en total, quiere decir que razonablemente si laboran turnos de 8 horas -o sea tres turnos por día- en cada objetivo, tendríamos desplegados permanentemente 15.000 vigías, cuya única función sería en cuanto al nuevo sistema, integrar una red de comunicaciones de intercambio de información, aparte de la operacional de la policía donde se dan y reciben ordenes, para poder informar a las centrales de operaciones locales cualquier anormalidad que vean en su cercanía. Se puede proponer más: en una segunda etapa se puede incorporar a taximetreros, remiseros y conductores de ambulancias al control que se podría ejercer sobre las vías públicas. Además, esa cooperación permitiría concentrar las tareas de patrullaje de los uniformados en zonas donde no actúa la seguridad privada, o en las zonas rojas de los mapas del delito.

Para evitar los casos de falsas alarmas debería administrarse el sistema creando incentivos para las empresas y los vigiladores que hayan permitido un logro a través de su información. El juicio de lo que puede ser novedad a informar por parte de un vigilador medianamente adiestrado es mucho más certero que el de un vecino común. Esto no es novedoso, data de la Segunda Guerra Mundial y constituía la base del intercambio de información táctica entre buques de guerra y los partisanos en tierra.

El Sistema Provincial de Seguridad Pública descrito en la Ley 12.154 y modificado por la Ley 12.987, describe en el articulo 3 del Titulo I "Principios y Bases Fundamentales" que "A los fines de la presente Ley, la Seguridad Pública implica la acción coordinada y la interacción permanente del pueblo de la Provincia de Buenos Aires, y de las instituciones del sistema representativo, republicano y federal, particularmente referida a las Policías de la Provincia, a la Seguridad Privada y a la participación comunitaria". Transitando por el interior de la Ley, esta interacción queda establecida en el Titulo III "Participación Comunitaria", donde en el Capítulo II- articulo 16 b) dice como funciones (entre otras) "Evaluar el funcionamiento y las actividades de la Policías de la Provincia y de los prestadores del servicio de seguridad privada, en su ámbito de actuación".

La estadística internacional nos dice que cada importe invertido en prevención que no resulte efectivo o eficiente, se traduce en seis veces el monto en la etapa de represión, por lo que no tiene sentido escatimar medios humanos y materiales en el primer paso. Estamos mal en seguridad, estuvimos peor, pero vamos mejorando lentamente. La velocidad de este tránsito es lo que nuestros gobernantes tienen que regular en base a la percepción de lo que siente la gente. Debemos exigir a quienes votamos y a quienes no votamos.

*Juan Carlos Cairó expuso en la "Jornada sobre Reflexión y Propuesta para el País y la Provincia de Buenos Aires" sobre el tema Seguridad Privada, actividad en la que se desempeña desde hace 12 años.