Dos actitudes caracterizan a los empresarios argentinos en los ’90 con respecto a las inversiones en seguridad privada: la que consideraba positivo hacer inversiones en este campo, implementando sistemas que cuiden los aspectos físicos y el personal; y la que los valorizaba como gastos improductivos.

Los empresarios atentos a los temas de seguridad acudieron al asesoramiento de los expertos de la época, contratando auditorias. Estos expertos de la época eran por lo regular oficiales jefes de las fuerzas armadas y de seguridad en actividad o recientemente retirados. La década del 90´ también dio pie a la creación de carreras de grado y postgrado sobre seguridad pública y privada tanto en universidades publicas como privadas, abriendo esta actividad al acceso de múltiples profesionales de otras carreras que enriquecieron el nivel de preparación de la sociedad en general.

Unas ciento cincuenta preguntas guían la auditoria, permitiendo determinar las vulnerabilidades del objetivo a proteger. Esta actividad de consultoría es el llamado estudio de seguridad. Las vulnerabilidades establecidas requieren ser mitigadas por medio de la planificación de la seguridad. En un primer escalón de consideración están: los procedimientos de la firma, la capacitación de su personal, la conducción de los vigiladores y el control de los sistemas electrónicos.

Hasta aquí parecería que los expertos en la actualidad meramente ejecutan el estudio y el plan. No es así, en varias etapas de ambos trabajos se debe necesariamente someter a la definición del empresario los grandes aspectos de la decisión en materia de seguridad, ya que al fin y al cabo es quien pagará el proyecto o sufrirá las consecuencias de no hacerlo. Es necesario involucrar a los directivos activamente, y para ello se le debe facilitar el acceso a las opciones mediante un lenguaje a la vez que técnico, sencillo y accesible.

Llamará la atención el tema de la capacitación del personal. Este aspecto es fundamental por cuanto se conocen planes de seguridad de una reconocida solvencia técnica, que fracasaron por la falta de cooperación de los mismos protegidos, quizá por no haber encontrado la forma de sumarlos activamente al éxito del programa. El otro motivo de consulta es la capacidad económica de la empresa para esta implementación. Es conveniente acordar etapas sucesivas hasta alcanzar la totalidad de lo dispuesto en el plan de seguridad. Obviamente el esfuerzo inicial debe ser más importante para alcanzar de entrada un nivel mínimo de seguridad satisfactoria.

Otro aspecto que seguramente llamará la atención, pero que es condicionante del éxito del mencionado plan, es el contemplar las variadas posturas al respecto que tienen distintos gremios que conviven dentro de la organización a proteger. Estas posturas no siempre son legítimas pero deben ser contempladas atentamente, se propone una red semántica común que nos permita manejar las implementaciones de seguridad de aquí en adelante.

Por esta red semántica se entiende a la totalidad del colectivo empresario imbuido de la necesidad de impedir las acciones delictivas contra al funcionamiento de la empresa, inculcando una conciencia de seguridad y un estado de alerta permanentes.

Por Juan Carlos Cairo