Desde mediados del siglo pasado los partidos políticos más importantes en cada país de América Latina, han avanzado en la simplificación de la explicación de “que nos pasa”. En ese afán han dejado a consideración de los habitantes comunes un rígido sistema un dilema frente a la democracia, en el quedamos atrapados: la primera opción permitiría alcanzar un pleno ejercicio de la democracia en nuestras sociedades a cambio de resolver los problemas sociales y de distribución de la riqueza; la segunda sería considerar que la democracia es un método político que garantiza por si solo el estado de bienestar buscado, como señalaba Raúl Alfonsín en su campaña presidencial. Dentro de estas opciones existen variantes, pero, salvo el ejemplo de Chile, ningún otro país muestra un equilibrio entre estos extremos.

La mayoría de los partidos políticos tradicionales, han perdido su capacidad de convocatoria y sobreviven en medio de profundos y permanentes conflictos internos. Su lugar lo ocupan movimientos sociales surgidos de la privación, como los sin trabajo, los sin tierra, los cocaleros, los tabacaleros, los defensores del ecosistema, los pueblos originarios de América, y los movimientos de ambos extremos del espectro político radicalizados. Sus dirigentes son personajes carentes de preparación previa en los temas a conducir, así como de madurez y experiencia imprescindibles. La capacidad de reciclado de los viejos políticos - muchos complicados en procesos penales - de pronto aparece nuevamente en puestos decisorios de la administración pública.

Las organizaciones no gubernamentales están pasando a reemplazar al Estado en actividades que no deberían haber sido delegadas a terceros u originando superposiciones. Siendo significativo que en las entidades religiosas, en los últimos treinta años, se ha producido un auge de los de orientación evangelista. Se ha producido un significativo crecimiento de nuevos cultos, y una proporcional disminución de la identificación con la Iglesia Católica. Muchos de ellos han fundado universidades privadas, escuelas técnicas, y hospitales de alta complejidad.

Las fuerzas armadas, instituciones permanentes, han perdido una elevada proporción de sus capacidades en personal y material para el combate por asignaciones presupuestarias insuficientes y por inexistentes o erráticas políticas de Defensa, permanecen desde hace alrededor de veinticinco años sentadas en el banquillo de los acusados. Esto ha demorado mas allá de lo conveniente las soluciones a los temas militares en particular, y a los políticos y económicos relacionados. Las guerras asimétricas sucedidas desde la caída del muro de Berlín, han causado un gran impacto en el ámbito castrense.

En el nivel policial, la inseguridad que el ciudadano latinoamericano siente ha alcanzado extremos preocupantes. El delito campea en distintas modalidades cada vez mas violentas disputándose Argentina, Brasil, Colombia y Méjico la calificación de ser el “país más inseguro de América”. Las fuerzas policiales y penitenciarias nacionales y estaduales, han sufrido efectos directos de una pésima administración. Han quedado en un estado de atonia total, que hace pensar en la urgente necesidad de proceder a sus refundaciones. La falta de personal voluntario suficiente por los magros sueldos ofrecidos, la carencia de presupuestos, medios y adecuado adiestramiento, la ausencia de incentivos han aplastado a sus sucesivas conducciones. Se hace difícil imaginar cuándo todo volverá a un cauce de racionalidad.

Estados Unidos, posee una remarcable influencia sobre la región. Su visión estratégica global perturba a los países por su interpretación de los cambios producidos y a producirse, su principal enemigo es la fantasmal organización Al Qaeda, parte de un tramado mundial que llega a otras muchas estructuras terroristas de despliegue internacional.

Latinoamérica, salvo el Brasil, se caracteriza por producciones primarias sin valor agregado, similares y competitivas entre si, lo que hace que el concepto de “complementariedad” se vea como algo utópico y muy lejano en el tiempo. Sin embargo y como expresiones de deseo se han organizado opciones diferentes como el MERCOSUR, el ALCA, la Comunidad Andina de Naciones y la más reciente Alternativa Bolivariana. Hasta ahora su resultado más destacable ha sido la generación de una nueva forma de burocracia.

En cuanto a los conflictos limítrofes, la Argentina persiste en sus legítimas pretensiones sobre las Islas Malvinas, Georgias y del Atlántico Sur; Bolivia reclama a Chile la restitución de su salida al mar; Ecuador y Perú intensificaron sus diferencias, igual que Colombia. Panamá, Brasil y Venezuela denuncian violaciones que fragilizan las relaciones diplomáticas.

Simultáneamente los narco-terroristas se mueven por toda Latinoamérica, formando transnacionales, con un poderío económico y capacidad de acción paramilitar. Países que hace quince años eran considerados de transito en el circuito de la droga han pasado ahora a incrementar su participación en el consumo, expandiéndose a través de la creación de nuevos mercados.

EL DILEMA ARGENTINO DENTRO DE LATINOAMÉRICA

Los conflictos activos o latentes enunciados para Latinoamérica están presentes en nuestro país, y también su difícil gestión.

Las opciones antes mencionadas fueron adoptadas como propias por justicialistas y radicales. Ambos partidos políticos, han consumido 80 años de nuestra historia política sin resolver los múltiples problemas, presentando una falsa antinomia. La Argentina no encuentra la forma de salir, y mientras tanto transitamos flotando en una pseudo democracia oscilando entre gobiernos autoritarios y demagógica, la única solución que es la de someternos en conjunto a una suerte de Pacto de La Moncloa. Para materializar esta idea sería necesario un gesto patriótico donde todos los políticos flexibilicen sus irreductibles posiciones mantenidas a ultranza y permitan lograr acuerdos donde los ciudadanos ganen. Ese propuesto “Pacto de Buenos Aires” cobraría legitimidad a través de la posterior votación de un plebiscito vinculante que les daría respaldo, vigencia, y gobernabilidad a los futuros gobiernos. El alcance seria sobre temas básicos tales como salud, educación, seguridad, minoridad, vejez, defensa y derechos ciudadanos, genéricamente descriptos en el contenido de nuestras distintas Constituciones desde la Constitución Nacional de 1853. El resultado de esos acuerdos sobre políticas del Estado Argentino deberían contener los intereses vitales e indelegables de los ciudadanos argentinos.

Estos acuerdos quedarían fuera del “coto de caza” de los partidos políticos a partir de ese momento y en elecciones posteriores. Se hablaría de metas a alcanzar por encima de fijar tiempos. Esto permitiría fijar objetivos a largo plazo, invariables en cuanto a su consecución, ejecutando políticas estables sin prisa y sin pausa, conducido por ejecutores profesionales de la Planta Permanente de la Administración Publica Nacional. Esta demostración de patriotismo obraría como alivio y prenda de unión ante tanto dolor argentino motivando un emprendimiento común unificador, así seremos lo que queramos ser para nosotros y nuestros descendientes.

Por Juan Carlos Cairo y Luis León Saniez.